Periodistas bajo ataque

Fredid Román es la más reciente víctima del periodismo mexicano. Era el editor del periódico La Realidad y el pasado lunes 22 de agosto fue asesinado a tiros después de abordar su automóvil en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero.

El nombre de Román se suma a una larga lista de, por lo menos, 16 comunicadores mexicanos asesinados de enero a agosto de 2022. Estos homicidios no están concentrados en una región específica, al contrario, se registran en numerosos estados del país: Veracruz, Baja California, Michoacán, Sonora, Oaxaca, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato y Guerrero.

Es tal la situación de indefensión de la prensa, que algunos periodistas deciden asistir a las ruedas de prensa diarias que ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle apoyo y protección. Fue el caso de la periodista Lourdes Maldonado, quien en 2019 en una “mañanera”, como se le conoce a las ruedas de prensa presidenciales, denunció por una deuda laboral a su antiguo empleador en una estación de televisión local, propiedad de Jaime Bonilla, un influyente político de Tijuana, quien además pertenece a Morena, el partido de gobierno.

“Vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, le dijo al presidente.

A pesar de que Maldonado estaba bajo el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue asesinada en enero de este año en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde tenía un programa de radio.

Un mes después, en febrero, el periodista independiente Rodolfo Montes enfrentó a López Obrador para denunciar la violencia contra el gremio. Luego en julio, Montes tomó de nuevo el micrófono y sorprendió a todos los presentes. En medio de sollozos, le imploró al mandatario que lo ayudara, porque había recibido amenazas y su hija tuvo que salir del país.

“Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el Cartel Jalisco Nueva Generación (…) pero sospecho de alguien más. Están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas”, le dijo entre lágrimas, no sin antes comunicarle a López Obrador que le estaban retirando los escoltas.

“Te vamos a proteger siempre. Cuenta con nosotros.  Y tienes todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo.  No estás solo”, respondió categórico el mandatario. Montes aprovechó para deslizar una afirmación que explicaría el origen de las amenazas que recibe: “No obedezco a ningún interés más que al periodístico.  Estoy haciendo mi trabajo. Estoy denunciando corruptelas”. 

A los periodistas mexicanos los están matando por hacer su trabajo. Es así como México es el lugar más peligroso del planeta para la prensa. En 2021, 10 comunicadores fueron asesinados, una cifra que le valió el deshonroso segundo lugar como el país con el mayor número de periodistas muertos en el mundo, después de Afganistán que registró 12 muertes. 

Pero si miramos el acumulado de los últimos cinco años (sin incluir 2022), México con 66 asesinatos superó a Afganistán donde murieron 53 periodistas, según el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (CEP). El actual gobierno mexicano lleva la peor parte: en lo que va de gestión de López Obrador se han registrado al menos 59 homicidios de periodistas, de acuerdo con la dirección general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La tendencia es aterradora. En los ocho meses de 2022, la cifra ya superó el total del año pasado. “Este año en México se ha registrado más de un periodista asesinado por mes, una cifra récord para ese país”, me dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el programa JaniotPM.

Lo paradójico es que desde 2012 existe en México el Mecanismo de Protección para Periodistas que, según cifras oficiales de enero de 2022, le brindaba seguridad a 495 periodistas.

Se supone que si un periodista pide ayuda por una amenaza recibida, el Estado debe tomar alguna medida en un plazo máximo de 12 horas.  Entre las opciones figuran botones de pánico, rondas policiales, la asignación de guardaespaldas, incluso, la garantía de obtener un refugio fuera de la zona de peligro. 

Pero el programa no está funcionando como debería.  Así me lo dijo Jornet. “Es una situación desesperante. Hay escasez de recursos económicos, humanos y técnicos. Hay una falta de coordinación en México entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y claramente hay una falta de compromiso político, tanto en la máxima jerarquía federal como en muchos gobiernos estatales, algunos de los cuales sabemos tienen nexos estrechos con el crimen organizado, bien a nivel político o a nivel policial”.

Como si ya no fuera preocupante la criminalidad insertada en los organismos que velan por la seguridad, el programa se ha visto rebasado. De acuerdo a Balbina Flores de Reporteros sin Fronteras en declaraciones a DW, “en general, las medidas sencillas tardan de 15 a 20 días, y hasta medio año en el caso de concederte refugio o guardaespaldas”. Y más adelante concluye: “Los pedidos (de protección) han aumentado un 60 por ciento desde 2019 a la fecha, pero el mecanismo tiene el mismo personal, con casi los mismos recursos”.

Esta inoperancia para frenar la violencia mortal se suma al retroceso y limitaciones en el acceso a la información pública, el acoso en redes sociales y en el cubrimiento de manifestaciones y, en general, al deterioro de la libertad de expresión que en la última década han experimentado los periodistas de la región. 

No es sino echarle un vistazo a la persecución judicial, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de medios en los países que operan como dictaduras: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Ahora se han sumado países centroamericanos como Guatemala, donde recientemente fue encarcelado el emblemático periodista José Zamora, director de El Periódico. 

“Hay otros gobiernos que acentúan su cerco legal sobre la prensa, la criminalizan, la denigran. Como el caso de El Salvador con Nayib Bukele”, me dijo Carlos Jornet.

Varios mandatarios, políticos y autoridades de la región aprovechan las entrevistas, las declaraciones y las ruedas de prensa que ofrecen para atacar públicamente a periodistas que les resultan incómodos. Lo desalentador es que el presidente mexicano no es la excepción.

“Sabemos que cuando la máxima autoridad de un país o de un estado mexicano permanentemente estigmatiza a la prensa, de algún modo está dando vía libre para el accionar violento de aquellos grupos que desean acallar a la prensa”, concluyó Jornet.

No hay mecanismo de protección que salve la vida de los periodistas si no hay voluntad política para implementarlo con más financiamiento, más capital profesional y mejores recursos tecnológicos. El ejercicio periodístico se convierte en una misión peligrosa si no existe el convencimiento de que es vital para nuestras sociedades democráticas crear las condiciones que garanticen a los periodistas realizar su labor en libertad, con independencia y sin miedo a perder sus puestos de trabajo, o peor aún, a morir asesinados.