El castigo después de la presidencia

No solamente quieren removerlo de la presidencia, los demócratas también quieren asegurarse de que no pueda volver a postularse a un cargo público en el futuro. Es una posibilidad que ofrece la Constitución de Estados Unidos en caso de que el presidente sea sometido a un juicio político y se declare su culpabilidad. De esta manera, frenarían las aspiraciones de Donald Trump de buscar un segundo mandato presidencial en 2024.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dio un ultimátum al vicepresidente Mike Pence: tiene 24 horas para invocar la enmienda 25 de la Constitución que establece que la mayoría del gabinete puede declarar la incapacidad del mandatario para cumplir sus funciones. En ese caso, Pence asumiría la presidencia. Si no destituyen a Trump, Pelosi advirtió que esta misma semana la Cámara Baja iniciará un juicio político contra él.

Mike Pence no ha dado muestras de estar dispuesto a declarar la incapacidad de su jefe, así que es probable que el juicio político sea un hecho. Así Donald Trump podría convertirse en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado dos veces.

En diciembre de 2019, Trump fue sometido a un juicio político por la Cámara de Representantes que lo acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso en relación con los intentos de presionar al gobierno ucraniano para perjudicar a su eventual contendor Joe Biden. El Senado, controlado por los republicanos, votó a favor de absolverlo de ambos cargos.

Esta vez la resolución de acusación, que es apoyada por más de 200 legisladores, incluye un cargo gravísimo: instigación a la insurrección por el papel que jugó el presidente al dirigirse a una multitud que luego irrumpió y asaltó violentamente el Capitolio para impedir el proceso constitucional del recuento oficial de los votos del Colegio Electoral que certificaban las victorias de Joe Biden y Kamala Harris. Los hechos que el país y buena parte del mundo presenciaron horrorizados, dejaron 5 muertos, decenas de heridos y detenidos.

La acusación también hace alusión a las falsas declaraciones de Trump sobre su derrota, un inexistente fraude electoral y a la presión que ejerció el presidente sobre un funcionario electoral de Georgia para que le “encontraran” más votos y recalcularan los resultados con el fin de arrebatarle la victoria a Joe Biden en ese estado. 

Para los legisladores, Trump “puso gravemente en peligro la seguridad de los Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con la transición pacífica del poder y traicionó la confianza de la gente”.

Muchos están de acuerdo en que el mandatario tiene que ser castigado por sus mensajes y acciones, aun cuando le quedan nueve días para terminar su gestión. Los legisladores coinciden en que deben establecer un claro precedente y enviar un fuerte mensaje a futuros presidentes de que una sublevación como la ocurrida el 6 de enero, no solo no será permitida, también será fuertemente castigada.

Para cumplir este objetivo, necesitan poner en marcha un proceso expedito en el que se evadiría la etapa de las audiencias en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde normalmente participan testigos que le aportan mayor credibilidad al caso.

Y el juicio ¿para cuándo?

Como no hay tiempo que perder, la Constitución permite que la acusación se someta directamente a una votación en el pleno de la Cámara Baja, controlada por los demócratas, donde se necesita el voto de la mayoría simple para aprobar el juicio político contra Donald Trump. 

Es de esperarse que la resolución de acusación se aprobaría fácilmente y el proceso pasaría al Senado que tiene la tarea de conducir el juicio, presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Cámara debe nombrar los fiscales que argumenten el caso frente al Senado, el cual actúa como si fuera el jurado. Al mandatario se le permitiría presentar su defensa.

Se requieren los votos de dos terceras partes de los 100 senadores para hallar culpable al presidente, quien tendría que abandonar el cargo. El problema que se le presenta a los demócratas es que no tienen tiempo para completar el proceso y tampoco cuentan con los votos necesarios, porque aún con la próxima juramentación de los senadores demócratas electos en Georgia y con Kamala Harris como presidenta del Senado, tienen apenas un voto de ventaja sobre los republicanos.

Ante la premura del tiempo, muchos contemplan la posibilidad de enjuiciar al presidente en el Senado, incluso después de haber terminado su mandato, y de que tome posesión el gobierno de Joe Biden. Los demócratas en el Senado necesitan los votos de 16 senadores republicanos dispuestos a enjuiciar a Trump, encontrarlo culpable y prohibirle participar en una reelección a la presidencia. Ese es uno de los castigos que la Constitución contempla y que el Senado puede aplicar en una votación por separado, para lo cual necesitan los votos de una mayoría simple.

La Carta Magna es clara al especificar las razones por las que un presidente puede ser enjuiciado: traición, soborno y otros graves crímenes y delitos, pero deja un vacío en cuanto al momento en que el juicio debe realizarse.

Unos expertos opinan que solo se le puede enjuiciar mientras está en la presidencia. Otros abogados constitucionalistas piensan que mientras la Cámara de Representantes comience el proceso antes de terminar el mandato, el Senado puede proceder en torno a un juicio político, incluso si para ese momento el mandato del presidente ha expirado. Algunos consideran que todo el proceso, desde el inicio en la Cámara Baja, puede comenzar, aun si el presidente ha dejado el poder.

Lo que dice la historia

En Estados Unidos ningún presidente ha sido sometido a juicio político después de haber dejado el poder. Sin embargo, existe un precedente histórico que apoya la tesis de quienes consideran que un exmandatario puede asumir su responsabilidad política ante el Congreso después de haber terminado su mandato. 

Ocurrió en 1876 cuando William Belknap, el secretario de guerra del presidente Ulysses Grant, presentó su renuncia cuando la Cámara de Representantes se disponía a someterlo a un juicio político por corrupción. El Congreso prosiguió con el proceso, pero el Senado lo absolvió al no contarse con los dos tercios de los votos necesarios para encontrarlo culpable. 

Aunque existe la determinación de juzgar a Trump bajo el gobierno de Biden, no hay claridad si en el Senado hay suficientes republicanos dispuestos a sumarse a los demócratas para enjuiciarlo. Hasta ahora muy pocos se han manifestado a favor de esta opción. Así que la posibilidad de que el juicio no prospere en el Senado es alta, como ocurrió con el primer juicio político contra el presidente. 

Los demócratas estarían contemplando enviar la resolución de aprobación al Senado tras los primeros 100 días de Biden en el poder. Esto le daría tiempo al Senado para enfocarse en la aprobación de los nominados del gobierno de Biden y en la sanción de legislaciones urgentes, como un nuevo paquete de ayuda económica para enfrentar la prolongación de la crisis por la pandemia.

Investigación criminal

No está claro si Trump ha considerado perdonarse a sí mismo. Algunos analistas concluyen que su autoridad no tiene tanto alcance, especialmente en los delitos de carácter estatal. Los que quieren ver a Trump y a sus seguidores enfrentando la justicia, tienen sus esperanzas puestas en la labor del Departamento de Justicia entrante. 

Será una prueba de fuego para Joe Biden y, sobre todo, para el nuevo fiscal de la nación, quien tiene la obligación de adelantar una investigación seria, objetiva, sin tintes partidistas, bien documentada y robusta en torno a los hechos de violencia en el Capitolio. Tendrán que evitar dar la impresión de que se está usando el aparato de justicia con el propósito de criminalizar y perseguir a los opositores políticos.

Los hechos del asalto al Congreso por parte de una turba enfurecida son extremadamente serios. Están tipificados como delitos de conspiración y sedición para derrocar o destruir un poder del Estado, o para impedir la ejecución de leyes estadounidenses. Estas transgresiones pueden acarrear multas y condenas hasta de 20 años de prisión. La ley federal también establece como una conducta criminal la manipulación fraudulenta de la tabulación de votos.

Algunos seguidores de Trump han invocado pasar la página de su presidencia para promover la unidad del país. Argumentan que los intentos de un juicio político solo radicalizarán a su base de apoyo y polarizarán mucho más al país, en momentos en que Biden requiere de gobernabilidad para enfrentar la pandemia y sacar a Estados Unidos de la crisis económica. 

Lo que no se puede permitir es que nadie esté por encima de la ley. Donald Trump no puede ser la excepción. Es constitucionalmente responsable de sus acciones durante su presidencia, incluso después de haber abandonado el poder.

El presidente que rompió las normas de lo políticamente correcto, el mandatario que superó escándalos financieros, sexuales, el que se impuso a un boicot empresarial por sus comentarios racistas contra los inmigrantes mexicanos, el que se salvó de un primer juicio político, el presidente que sobrevivió al temible Covid19, empieza a enfrentar la realidad de la derrota en las urnas y su fracaso en decenas de tribunales que rechazaron sus demandas para revertir los resultados electorales. 

Pero a pesar de querer crear una realidad alternativa tras repetir una mentira cientos de veces hasta convertirla en verdad para sus leales seguidores, quizás esta vez no se salve y la verdad le estalle en la cara, aunque el destino quiso esperar a que terminara su gobierno.

Cuesta creer que en un país donde impera el Estado de derecho, el Departamento de Justicia y la Corte Suprema estén dispuestos a cruzarse de brazos ante la eventualidad de un expresidente sospechoso de conductas delictivas y que ha demostrado en numerosas ocasiones habilidad para escabullirse de la justicia.