La jugada sucia

El presidente Donald Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al exvicepresidente Joe Biden, a pesar de haber sufrido numerosos reveses legales. Los jueces han desestimado más de 30 demandas judiciales presentadas por su equipo legal, con el fin de impedir la certificación oficial de los resultados electorales en algunos estados decisivos donde ganó Biden.  

En otros casos, los demandantes han abandonado los pleitos y, como si fuera poco, algunos de los abogados del presidente han decidido no seguir representándolo. ¿La razón? No han mostrado evidencias que prueben un fraude masivo, especialmente de los votos enviados por correo, como lo quiere hacer creer el mandatario.

El presidente necesita victorias judiciales. De alguna manera, quiere demorar la resolución de los casos para justificar una alternativa con la que ha venido coqueteando y que ha sido promovida por él mismo y algunos de sus prominentes aliados desde el día de la elección.

Se trata de un plan de contingencia contemplado por las leyes y la Constitución de los Estados Unidos que abriría las compuertas a una crisis institucional. En este caso representaría el robo de la elección a Joe Biden, quien obtuvo 306 votos electorales versus 232 alcanzados por Trump.

Colegio Electoral

Esta peligrosa estrategia gira en torno al Colegio Electoral. Recordemos que en Estados Unidos no se elige al presidente por el voto popular en una elección a nivel nacional, como ocurre en la mayoría de los países. La presidencia en EE.UU. se gana estado por estado. Es un sistema complejo y básicamente funciona de la siguiente manera: 

• Cada partido escoge a los miembros del Colegio Electoral en los 50 estados de la nación, más el distrito de Columbia, y generalmente son elegidos en sus convenciones estatales. Estas personas escogidas -también llamadas electores- son leales al partido y vinculadas a la maquinaria política. 
• Los estados tienen asignado un número específico de electores, de acuerdo a su representación en el Congreso Nacional (diputados y senadores).  Por ejemplo, California tiene 55 electores, porque posee 53 diputados y 2 senadores. Conforme a esta fórmula, Texas tiene 38 electores, Michigan 16, Idaho 4 y el resto de estados que se van sumando para un total de 538 electores que integran el Colegio Electoral.
• Los candidatos compiten por ganar electores del Colegio Electoral. Quien obtenga la mayoría del voto popular en un estado, gana todos los electores de su partido en ese estado. Hay dos excepciones: Maine y Nebraska que asignan algunos de sus electores por distritos.
• En una fecha posterior a la elección, establecida por la Constitución, los miembros del Colegio Electoral votan a favor de sus respectivos candidatos en una reunión protocolaria en las capitales de cada estado. El candidato que obtiene 270 votos electorales, (la mayoría de 538) gana la presidencia. 
• La Carta Magna de Estados Unidos establece en su artículo II, sección 1 https://bit.ly/3nL8c6p que los electores se deben nombrar en cada estado de la manera en que la legislatura estatal lo decida. Esto es ratificado por la Ley Federal https://bit.ly/2J4Zn8o una legislación de 1.887, que determina que en la eventualidad de unas “elecciones fallidas”, son los congresos de los estados los encargados de designar a los electores del Colegio Electoral. Pero para que las legislaturas tomen este paso extremo, tendrían que declarar que la ciudadanía no logró o no pudo elegir al presidente.

El problema es que en EE.UU. la interpretación de unas “elecciones fallidas” no se ha puesto a prueba en más de un siglo y Trump lo estaría intentando ahora. Su estrategia legal liderada por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, busca victorias judiciales en varios estados para crear confusión y desconfianza sobre la legalidad y la integridad de los comicios, predicando la idea de una elección amañada y plagada de supuestas irregularidades.

Pero resulta que a pesar de la pandemia y las denuncias de Trump, hubo una participación sin precedentes (más de 153 millones de personas votaron), en unas elecciones que el propio Departamento de Seguridad Nacional calificó como las más seguras de la historia. 

Adicionalmente, la diferencia en votos a favor de Biden es clarísima: la ventaja del demócrata sobre el presidente Trump aumentó a 6 millones de sufragios a nivel nacional. 

Legislaturas en la mira

No obstante, el presidente pretende abonar el terreno para que algunos estados claves en donde las legislaturas locales están dominadas por su partido, designen a los electores republicanos que votarían por él en el Colegio Electoral. Es una jugada sucia que intentaría anular la voluntad popular en algunos estados que ganó limpiamente Biden y así darle el triunfo a Trump.

No es casualidad que las demandas de la campaña presidencial se hayan concentrado en estados como Pensilvania, Georgia, Arizona, Michigan y Wisconsin donde las legislaturas locales son controladas por los republicanos.

Para que el plan perverso sea exitoso, Trump tiene que convencer a muchos republicanos, no en uno, sino en por lo menos tres estados para que no certifiquen los resultados, ignoren el triunfo de Biden, hagan caso omiso de las decisiones judiciales que han desestimado un fraude y simplemente violen las reglas democráticas, impongan su voluntad al anular el voto de la ciudadanía y designen los electores del partido perdedor.

El mandatario ya se reunió en la Casa Blanca con líderes de la legislatura de Michigan, quienes dijeron que no tenían información que cambiaría el triunfo de Biden en ese estado. El presidente también planea reunirse con diputados republicanos de Pensilvania. Además, llamó personalmente a dos funcionarios electorales que se opusieron al proceso de certificación de la votación en Michigan.

Muchos coinciden en que es muy poco probable que Trump logre sabotear la elección y arrebatarle la victoria a Biden, porque tendría que lograr no solo la complicidad de legisladores locales, sino de muchos congresistas que arriesgarían su futuro político y tendrían que enfrentar la ira de buena parte de la ciudadanía que interpretaría esta afrenta como un golpe de Estado.

Además, entre la certificación de los resultados, la reunión del Colegio Electoral y la toma de posesión del presidente existen varios pasos que se deben cumplir estrictamente.

El calendario https://bit.ly/3fuLKfa

Los funcionarios electorales deben, primero, certificar los resultados de las elecciones. Cada estado establece la fecha. En general, esa certificación de resultados se oficializa con la firma del gobernador de cada estado. Luego se envía una copia al Archivo Nacional y las otras copias a los miembros del Colegio Electoral de cada estado.

Diciembre 8: La fecha es conocida como safe harbor. Es el plazo dado para, en caso de haber disputas en los comicios, los estados resuelvan sus controversias y definan cuáles electores, entre los demócratas o los republicanos, deben participar en el Colegio Electoral. Si las diferencias continúan después de esta fecha, el Congreso Nacional debe decidir cuáles votos electorales acepta, a menos que intervenga la Corte Suprema.

Diciembre 14: Este es el día crucial cuando se reúne cada delegación de electores del Colegio Electoral en las capitales de cada estado. Cada uno de los 538 electores emite dos votos: uno por el presidente y otro por el vicepresidente, y esos votos deberían coincidir con el nombre del ganador oficial de las elecciones en cada uno de los estados.

Pero si las legislaturas controladas por los republicanos en los estados donde Trump quiere revertir los resultados, montan una conspiración contra Biden y asignan su propia delegación de electores, se podría dar el escenario de dos grupos de electores: uno votando por Biden y otro por Trump, y el meollo del asunto es que solo puede haber un ganador por cada estado.

Esta hipótesis parece muy poco probable, especialmente porque no hay pruebas de fraude y las demandas de la campaña de Trump han fracasado casi en su totalidad en las cortes inferiores. Esto disminuye la posibilidad de que las disputas lleguen a la Corte Suprema donde la balanza de la justicia se inclina hacia los republicanos. 

Sin embargo, el Colegio Electoral puede arrojar otro tipo de sorpresas. La historia ha tenido unos cuantos miembros “desleales” https://bit.ly/3lV9TOi que fueron los que violaron su compromiso y no votaron por el candidato ganador de su partido. La buena noticia es que esos renegados no han logrado alterar el resultado de ninguna elección. 

En los comicios presidenciales de 2016, 7 de los 538 electores del Colegio Electoral rehusaron votar por Donald Trump o por Hillary Clinton, y lo hicieron por otros candidatos o precandidatos. Asimismo, 6 electores rehusaron votar por los candidatos a la vicepresidencia.

A estos miembros del Colegio Electoral los reemplazaron, los multaron o los expulsaron del partido. El caso de los electores castigados llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que este año se pronunció de manera unánime al determinar que las leyes estatales pueden remover o castigar a los electores que incumplan su compromiso de votar por el candidato de su partido, y más aún cuando se trata del ganador del voto popular.

Diciembre 23: Este es el plazo que tienen todos los estados para enviar por correo al presidente del Senado, es decir, al vicepresidente republicano Mike Pence, los certificados de los votos electorales junto con los certificados de los resultados de las elecciones. Copias de los certificados también son enviadas al Archivo Nacional, a funcionarios estatales y al juez de distrito de cada jurisdicción donde se reunió el Colegio Electoral.

Enero 3: Se posesiona el nuevo Congreso Nacional en Washington.

Enero 5: Se realizan las elecciones de segunda vuelta para escoger a dos senadores nacionales en representación del estado de Georgia. Los republicanos necesitan ganar estos dos asientos para mantener su mayoría en la Cámara Alta. Si ganan los demócratas, tendrían el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

Enero 6: La Cámara de Representantes y el Senado se reúnen en una sesión conjunta del Congreso para contar formalmente los votos del Colegio Electoral. La sesión es presidida por el vicepresidente Mike Pence, quien, con la ayuda de otros congresistas, debe contar los votos de cada estado por orden alfabético.

¿Qué pasaría si hay uno o más estados que envían votos para Biden y para Trump de dos diferentes grupos de electores?

Con la Cámara Baja controlada por los demócratas y el Senado por los republicanos, esta posibilidad es una receta para un drama legislativo de grandes proporciones. Los demócratas podrían detener el proceso y presentar objeciones. Este hipotético escenario podría suceder si Trump tiene éxito en su plan, al que casi todos los analistas políticos le auguran otro gran fracaso.

La ley establece claramente que si en la lectura de los votos electorales de un estado se presenta alguna objeción, no se puede dar paso a la lectura del resultado del siguiente estado hasta que esa disputa u objeción sea resuelta. 

Las objeciones

Para presentar una objeción https://bit.ly/2IZsM4n los congresistas deben hacerlo por escrito y contar con las firmas de, por lo menos, un senador y un representante de la Cámara Baja. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado tienen que reunirse por separado en una sesión que no puede durar más de dos horas, y cada miembro tiene un tiempo máximo de 5 minutos para exponer sus argumentos.  

Cada cámara vota por separado para aceptar o rechazar la objeción. Luego se reanuda la sesión conjunta para que la Cámara Baja y Alta presenten su decisión. Si están de acuerdo con la objeción, los votos en cuestión no se cuentan. 

Si ambas cámaras están en desacuerdo con la objeción presentada, se deben contabilizar los votos electorales que hayan sido certificados por el gobernador o la autoridad ejecutiva del estado. El espíritu de este mecanismo busca que haya diálogo y negociación para buscar un consenso.

¿Qué pasaría si la Cámara Baja vota a favor de la objeción y el Senado la rechaza?

Con un congreso dividido, ambas cámaras pueden tomar decisiones opuestas y una objeción derivaría fácilmente en un punto muerto. Para resolver esa encrucijada, la Constitución contempla una elección de contingencia.

Elección de Contingencia

Si no hay un acuerdo en el conteo de los votos del Colegio Electoral, o si ningún candidato recibe la mayoría de los votos, o incluso si hay un empate, se tiene que realizar una elección de contingencia.

Esta elección del presidente la ejecuta la Cámara de Representantes donde cada estado tiene derecho a un voto y gana el que obtenga una mayoría simple, siempre y cuando haya un quórum de dos terceras partes de los estados. En ese escenario los republicanos tendrían ventaja, porque cuentan con la mayoría de representantes a la Cámara Baja en las delegaciones de 26 de los 50 estados del país. 

Ya ha pasado en los años 1.800 y 1.824: el presidente de Estados Unidos fue escogido por la Cámara de Representantes. Otro episodio de la historia electoral a destacar fue en 1.876 cuando una comisión bipartidista de congresistas, senadores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia asignaron los votos electorales al ganador Rutherford Hayes, después de que los estados de Florida, Carolina del Sur y Louisiana sometieran certificados electorales para los dos candidatos en contienda.

Por separado, el Senado sería el encargado de escoger al vicepresidente. En esta eventualidad, cada uno de los 100 senadores tiene derecho a un voto. Y para complicar las cosas, quien resulte ganador, no necesariamente tiene que pertenecer al mismo partido que el presidente elegido en la Cámara de Representantes.

Golpe a la democracia

La Constitución establece que el periodo del presidente finaliza al mediodía del 20 de enero. Si para esta fecha el Poder Legislativo no ha resuelto eventuales disputas para escoger al presidente y al vicepresidente, la tercera en la línea de sucesión es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien podría posesionarse como presidenta interina. 

Una buena parte de esta crisis imaginaria gira en torno a la posibilidad de que el Partido Republicano retenga su mayoría en el Senado, es decir, si gana los dos escaños que están por definirse en el estado de Georgia. Esto significa que el control del Senado será crucial, porque si los demócratas obtienen la mayoría en ambas Cámaras, Joe Biden no tendría motivos para preocuparse. 

Lo más seguro es que el próximo 6 de enero veremos a Mike Pence unirse al grupo de anteriores vicepresidentes [John C. Breckinridge (1861), Richard Nixon (1961), Hubert Humphrey (1969) y Al Gore (2001)] que en la sesión conjunta del Congreso anunciaron su propia derrota electoral para darle el triunfo a sus oponentes. Después de anunciar los votos de cada estado, al final de la cuenta, el vicepresidente tiene que declarar el nombre del próximo presidente y vicepresidente.

El calculado sabotaje de Trump a la elección presidencial de los Estados Unidos representa un asalto a la democracia, cuyas consecuencias aún están por verse. Aunque el Colegio Electoral se reúna sin inconvenientes, se anuncie la victoria de Joe Biden, y Donald Trump acepte su derrota a regañadientes y abandone la Casa Blanca el 20 de enero, el daño ya está hecho. El mandatario logró sembrar dudas en una importante parte del electorado poniendo en tela de juicio el triunfo de Biden y, lo que es aún más grave, la legitimidad del proceso democrático.