“Yo estuve dos años sin fueros por decisión propia (…) Bastó que fuera electa senadora para que me bajaran la prisión preventiva que, obviamente, no pudieron ejecutar porque yo tenía fueros.
¿Qué buscaba la construcción mediática del Gobierno? ‘Cristina no va presa porque se ampara en los fueros’. Eso fue títulos de diarios, programas enteros de televisión (…)” . Declaración de Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 en el juicio oral por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada (diciembre 2, 2019).
Hubiese sido preferible que por decisión propia y siendo consecuente con su línea de pensamiento, la expresidenta de Argentina también se hubiese abstenido de aspirar a un cargo público para defenderse desde el ámbito privado de los diferentes procesos -en su mayoría acusada por corrupción- y no desde las prerrogativas que disfrutan ciertos funcionarios públicos como son diputados, senadores, presidente, vicepresidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Al ser electa, primero como senadora en octubre de 2017 y luego vicepresidenta en octubre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner es remunerada con dinero público, el que proviene de los impuestos que pagan todos los argentinos, no solo de quienes votaron por ella.
Se esperaría que un servidor del Estado dedique sus mayores esfuerzos a la función que ejerce, pero en este caso, la otrora senadora y ahora vicepresidenta, ha tenido y tendrá que enfocar gran parte de sus energías a defenderse y atender los frecuentes requerimientos de la justicia argentina en por lo menos 10 procesos que enfrenta.
Habría que empezar por prohibir que un ciudadano con orden de captura o prisión preventiva se postule a un cargo público. Es de esperarse que los ciudadanos aspiremos a que quienes nos sirven y les pagamos sus sueldos, tengan una conducta intachable.
Gracias a su condición de senadora, Cristina Fernández evitó quedar presa en dos ocasiones (septiembre de 2018 y marzo de 2019) tras la medida de prisión preventiva por las causas de los “Cuadernos de la corrupción” y la compra de gas natural licuado, ambos expedientes llevados por el magistrado Claudio Bonadío.
Como en muchos países de América Latina y el mundo, los congresistas en Argentina gozan de inmunidad parlamentaria, una figura de la que se ha abusado para evadir la justicia y buscar la impunidad, especialmente en nuestra región.
La inmunidad de arresto y de proceso, el fuero o la inviolabilidad nacieron para garantizar el equilibrio y la separación de poderes del Estado en la Francia de 1790 cuando gobernaba una monarquía constitucional. Se buscaba evitar que el rey, que aún tenía dominio sobre el Poder Judicial, utilizara su autoridad para perseguir judicialmente a los parlamentarios por sus votos u opiniones.
También ha tenido relevancia en los países con dictaduras y regímenes autoritarios. Es una manera de garantizar que los congresistas ejerzan libremente su labor deliberante, sin temor a represalias o para que sus posiciones políticas no se judicialicen.
Con el tiempo, este mecanismo se ha desprestigiado y ha dejado de ser un seguro de independencia del Poder Legislativo, para convertirse en un cuestionado privilegio que no posee el resto de los ciudadanos. Pareciera que los parlamentarios están por encima de la ley frente a supuestos ilícitos con amplio material probatorio.
En muchos países, la institución que autoriza despojar de los fueros a un legislador es el órgano al que pertenece, es decir, la propia Cámara de Diputados o el Senado. En el caso de un partido con mayoría en el Congreso y con sus propios intereses políticos, fácilmente los parlamentarios acusados consiguen blindarse, encubrir sus responsabilidades y evadir la justicia.
Es como si pusiéramos a los ratones a cuidar el queso. Por eso en algunos países como Chile o Colombia la Corte Suprema de Justicia, una institución distinta al Parlamento, se encarga de dictaminar sobre el fuero o el procesamiento de un congresista.
La Constitución argentina en su artículo 69 establece que los congresistas no pueden ser detenidos por la Policía Federal, excepto en la eventualidad de ser sorprendidos in fraganti cometiendo un delito. En su artículo 70 determina que, en caso de presentarse querellas ante la justicia contra un legislador, únicamente el voto de los dos tercios de su Cámara puede retirarle los fueros y ponerlo a disposición de la justicia.
Sin embargo, los fueros que lo protegen de la cárcel no impiden que avancen los procesos en su contra. Es por esto que la expresidenta ha estado y estará muy ocupada respondiendo los requerimientos de los juicios y las numerosas causas que enfrenta.
Hay que tener en cuenta que lo que se creó con el espíritu de proteger a los congresistas de su procesamiento o arresto por sus opiniones o votos durante el lapso de su mandato, ha degenerado en la evasión del arresto por la supuesta responsabilidad en actos delictivos cometidos antes de ejercer como parlamentarios. Ese es el caso de la vicepresidenta argentina.
De justificarse la inmunidad, debería excluir a aquellos procesos penales iniciados antes de su elección como congresista o a conductas distintas a las de su ejercicio parlamentario. Sin embargo, en la lucha contra la corrupción, es hora de que los reclamos ciudadanos incluyan despojar de sus ventajas y privilegios a unos pocos altos funcionarios, y eliminar así el desvirtuado mecanismo de la inmunidad parlamentaria para garantizar las expectativas de justicia e igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
Respaldo lo que decía Per-Arne Håkansson, un legislador socialdemócrata de Suecia, país donde no existe la inmunidad parlamentaria: “Ya es suficiente privilegio representar a los ciudadanos, porque los congresistas pueden influir en el rumbo del país”.
La llegada de Cristina Fernández a la vicepresidencia de Argentina dificulta aún más despojarla de su inmunidad. El Congreso tendría que someterla a un juicio político. Para lograrlo, se necesita la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados y, en segunda instancia, de dos tercios del Senado que tiene el poder de destituirla de su cargo, por lo que perdería el fuero.
Pero en el renovado senado argentino, la bancada peronista que apoya al presidente Alberto Fernández y a su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuenta con mayoría. De un total de 72 senadores, el oficialismo tiene 38 asientos, la oposición cuenta con 28 escaños y 6 senadores de partidos minoritarios.
Al asumir la vicepresidencia de la república, Cristina Fernández también ocupará la presidencia del Senado. Dos altos cargos y dos poderes en manos de una persona con varios procesos judiciales abiertos. La justicia en Argentina tendrá un largo y espinoso camino por recorrer.