La segunda negociación política en Nicaragua salió de su impasse luego de que Daniel Ortega se comprometiera a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días.
Luego del aparente gesto de buena voluntad del régimen de Daniel Ortega, la Alianza Cívica que agrupa a diferentes sectores de la oposición en Nicaragua, se mantiene en el diálogo con el gobierno aunque todavía no se concreta la liberación de los presos políticos ni se conoce ningún avance significativo.
Actualmente hay más de 700 presos políticos en Nicaragua de los cuales solo unos 160 han sido liberados, según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos. Pero esto no es lo único en la lista de peticiones de la oposición, también piden la restitución de libertades fundamentales como el derecho a la protesta, a la libre expresión, a la libre asociación y al fin de la censura en los medios de comunicación. Reclaman aplicar justicia y terminar con la impunidad para los responsables de abusos a los derechos humanos. También piden la democratización del país y eso incluye reformas electorales y el punto más sensible para el gobierno, un llamado a elecciones anticipadas.
Los presos que serán puestos en libertad fueron detenidos en las protestas que comenzaron el año pasado y que dejaron 325 muertos. Esas manifestaciones que se extendieron por meses y las sanciones impuestas por Estados Unidos sumieron al país en una crisis económica que se siente en el bolsillo de los nicaragüenses.
La canasta básica aumento un 30%, se perdieron casi 158.000 mil empleos el año pasado y los sectores comerciales, financieros y de construcción han sufrido grandes recortes. Según el Banco Central, las importaciones disminuyeron en más de 14% en 2018.
¿ Será posible avanzar en busca de una democratización en Nicaragua?
Como lo dijo Mario Arana, Ortega llega a este nuevo diálogo con su legitimidad cuestionada. Recordemos que fue el poder judicial controlado por su régimen e ignorando los límites constitucionales que le permitió aspirar a un polémico tercer mandato consecutivo. Fue así como Ortega ganó la presidencia en 2016 en una elección en la que la oposición fue eliminada de la contienda por polémicos fallos judiciales.
Unos comicios organizados por un poder electoral cómplice del gobierno. No solo hubo una gran abstención, también faltó una verdadera observación nacional e internacional y como si fuera poco la primera dama, Rosario Murillo fue su compañera de fórmula para ocupar la vicepresidencia. Esa fue la fachada electoral para tapar los deseos de Daniel Ortega de permanecer en la presidencia hasta el 2021; violando garantías, derechos y la independencia de poderes.
Por eso el principal reclamo de la oposición y de la sociedad civil es pedirle a Ortega que llame a elecciones anticipadas. ¿A cambio de qué? Seguramente pondrán sobre la mesa una oferta de amnistía, la protección de los bienes de los integrantes del régimen, interceder para el levantamiento de las sanciones internacionales y algún andamiaje de justicia especial para que no exista la apariencia de impunidad para los principales responsables de abusos y de muertes durante las protestas.
Si Ortega quiere evitar que su país siga cayendo al abismo, más vale que cumpla su palabra y empiece por poner en libertad y sin condiciones a todos los presos políticos. Hay mucho más por negociar.
La esperanza es que el diálogo no se vaya al traste y el tiempo apremia.
A continuación les comparto el enlace directo del nuevo episodio de #JANIOTPM: https://www.youtube.com/watch?v=BO1IvDmZS9U
Entrevistando a Mario Arana, miembro de la opositora Alianza Cívica.