La justicia argentina dio un gran paso ante las violaciones de los derechos humanos en Venezuela al expedir una orden de captura contra Maduro, mientras los demás países miran para otro lado. En mi programa ¿Qué pasó con lo que paso? Tomás Farini y Elisa Trotta, del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, explicaron los alcances de esta decisión.
Mientras la Corte Penal Internacional (CPI) sigue investigando las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, la justicia argentina sí decidió actuar. La Cámara Federal de Buenos Aires emitió a finales de septiembre una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y su mano derecha, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y 30 miembros de la cúpula que gobierna el país.
Esta orden de inmediata detención a través de la Interpol tiene la intención de extraditar a Maduro a la Argentina. Al dictador y a sus aliados se les acusa de un plan de represión que incluye persecución, secuestros, torturas y asesinatos extrajudiciales. El fallo aglutina varios casos de venezolanos que fueron víctimas del régimen de terror del presidente venezolano, que residen en Argentina como refugiados, y que testificaron sobre las detenciones ilegales y torturas de que fueron objeto desde 2014.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes emitieron este fallo, se basan en un principio legal llamado justicia universal para pedir la orden de detención. Bajo este concepto, los crímenes de lesa humanidad sí pueden ser abordados por una corte en otro país, independientemente del lugar donde se cometieron los delitos.
El grupo que presentó la demanda contra el régimen venezolano en la justicia argentina es el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y el pedido de captura lo hizo su representante legal, Tomás Farini Duggan, quien nos acompañó como invitado en mi programa ¿Qué pasó con lo que pasó?, junto con Elisa Trotta Gamus, secretaria general de dicho organismo.
Cuando se conoció este fallo, el régimen de Nicolás Maduro emitió su propia orden de detención contra el presidente de Argentina Javier Milei, su hermana Karina Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por un avión de carga que Argentina le incautó a Venezuela en 2022 y lo entregó a Estados Unidos.
El fallo, además de involucrar a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, cobija a los altos mandos militares y organismos de seguridad, de inteligencia y contrainteligencia, así como los grupos de tarea del régimen venezolano quienes no solo ejecutan, sino que llevan adelante la estrategia del Plan Sistemático de Violación de Derechos Humanos.
La demanda fue presentada por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia en enero del 2023 durante la cumbre de la Celac en Buenos Aires. En ese momento, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, invitaron a Nicolás Maduro para asistir al encuentro. Pero en el Foro iniciaron acciones para evitar dicha visita, que incluyó esta demanda. Posteriormente, la causa siguió avanzando, no solo con los testimonios de las víctimas de las violaciones de derechos humanos sino de diversos testigos.
En junio del 2023 la Fundación Clooney por la Justicia, del actor estadounidense George Clooney, también presentó en Argentina una demanda en el mismo sentido contra otros jerarcas del régimen. Ambas causas se adjuntaron en un mismo expediente y con el apoyo de los fiscales se realizó una audiencia en la que se presentaron cinco testimonios fundamentales que llevó a que la Sala Federal le ordenara al juez Sebastián Ramos emitir la orden de captura por las violaciones a los derechos humanos.
Sobre sus implicaciones, Elisa Trotta dijo que Interpol debe emitir las alertas rojas, con lo cual a estas personas se les empieza a hacer el mundo más pequeño. “Van a tener que pensar más de una vez antes de salir de Venezuela y ver qué países pueden pisar porque constantemente corren el riesgo de ser capturados”, aseguró. Este es un llamado al fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional, a quien se le viene pidiendo que también emita una orden de captura, así como a todos los países y a los distintos organismos internacionales porque es hora de fijar una posición firme contra una dictadura sanguinaria totalitaria.
¿Qué posibilidades hay de que esta orden sea ejecutada? Si bien hay pocas opciones existen hechos que dan una luz de esperanza como el de Alex Saab, el testaferro de Maduro cuyo avión aterrizó en Cabo Verde para cargar gasolina y fue apresado y extraditado a Estados Unidos gracias a la alerta roja internacional.
“Creo que en ese sentido también se va a medir el apoyo a la libertad y a la transición democrática y al pedido de justicia de los distintos países frente a Venezuela, no solo los que nos apoyan, sino todos aquellos que han tenido medias tintas y una posición ambigua”, dijo Trotta quien agradeció el respaldo de muchos activistas, organizaciones por los derechos humanos, familiares de asesinados y de víctimas. También destacó el trabajo de Tomas Farini Duggan, de Waldo Wolf, Rigoberto Lobo y Víctor Navarro, entre otros.
El terrorismo de Estado
Precisamente, otro de los invitados en ¿Qué pasó con lo que pasó? fue el abogado Tomás Farini, quien representa al grupo que presentó esta demanda contra el régimen venezolano y que obtuvo esta orden de arresto por parte de tres jueces de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires.
Explicó que alcanzar este resultado fue complejo porque lograron que se reconozca una excepción en el derecho argentino, que es el principio universal. Todo el derecho argentino está estructurado sobre la base del principio de territorialidad que permite que los hechos se juzgan conforme a la ley del lugar donde se ejecutan. Pero esta vez fue distinto.
Con base en las pruebas aportadas se demostró que hubo un plan sistemático de ejecuciones de crímenes de lesa humanidad, con el propósito de aterrorizar a población civil. Y sobre esa base Tomás Farini solicitó la indagatoria y capturas de Nicolás Maduro, de Diosado Cabello y de otros 30 funcionarios.
En una audiencia oral en la Cámara demostró con testigos los crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro. Con esa información los jueces dispusieron las indagatorias y capturas internacionales.
Hubo testimonios de la justicia venezolana, jueces y fiscales que reconocieron que era imposible investigar delitos de lesa humanidad en Venezuela porque quienes intentan hacerlo son secuestrados y torturados. Por esa razón tuvieron que escapar del país.
También se escucharon testimonios desgarradores acerca de la forma en que eran secuestrados y torturados. Maduro, a través de cadenas nacionales, anticipaba a quienes iban a perseguir. Y terminaban desaparecidos y torturados en el Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen en Caracas y sede del temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)
“Esta anticipación del mal tiene un potencial amplificador del terror y es algo que usan en general todos los regímenes y las dictaduras para aterrorizar a la población civil, es decir, lo que se conoce como terrorismo de Estado. Esto ocurre en Venezuela y se pudo demostrar”, dijo Farini, al recordar un caso de un joven al que le decían que iban a llevar a la novia para violarla en el Helicoide. Farini no lo mencionó, pero un caso conocido de suicidio por torturas fue el del aviador retirado de 64 años Rodolfo González, acusado de financiar las protestas contra el régimen.
Sobre las esperanzas de que esta orden de arresto se haga efectiva, Farini reconoció que en Venezuela son muy pocas las opciones, pero lo importante es que Interpol lance las alertas rojas. Desafortunadamente ese organismo no quiere involucrarse demasiado con funcionarios de países a quienes se ordenan las capturas, esgrimiendo la Convención de Viena. Sin embargo, en el caso de Venezuela, son funcionarios de facto, es decir, están en el poder sin haber logrado una elección democrática, por lo que la Convención de Viena no les debería aplicar.
Farini aclaró que si bien es la Interpol la que tiene que anotar las alertas rojas, le corresponde a la policía local de cada país ejecutar las órdenes de captura. No obstante, se necesita contar con los votos de la mayoría de los países que integran la Interpol para poner en marcha esas alertas rojas. Ya hay muchos países que han reconocido que lo que ocurre en Venezuela es una dictadura cívico -militar que no puede prosperar, que no se sostiene por el voto popular. Pero se necesita que esa discusión traslade a Interpol.
Lo primero que se necesita es que el juez emita las órdenes de captura y luego las comunique Interpol. Después hay un proceso interno en este organismo, hay un asesor de asuntos legales que hace un dictamen, es un procedimiento en seguramente van a participar los fiscales de la Argentina, y el Foro lo va a intentar como representantes de las víctimas.
La Justicia Argentina y la Corte Penal Internacional tienen procesos paralelos que, por el principio de complementariedad, pueden tramitarse sin interrumpirse el uno con el otro. El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia se va a presentar en la Corte Penal para aportar una copia de todos los testimonios y expedientes para que este organismo tome medidas contra el régimen de Maduro.
“Ya nadie se puede hacer el distraído y decir que no sabemos qué pasa en Venezuela. Esta orden de captura le pone nombre y apellido a esta banda de delincuentes que ejecutan crímenes de lesa humanidad, homicidios, violaciones, secuestros para generar terror en la población y perpetuarse en el poder”, dijo.
Sobre la respuesta de Maduro que pidió la detención de Javier Milei, de su hermana y de la ministra Bullrich aclaro varios hechos del episodio del avión venezolano en 2022. Este en realidad era iraní, con tripulación iraní, y se sospechaba que tenía tareas de inteligencia. Cabe recordar que Argentina tuvo dos atentados terroristas financiados por Irán, uno de ellos fue el de la embajada de Israel en 1992 y el otro contra la organización judía Amia en 1994.
Ese avión fue detenido y un juez federal argentino ordenó la remisión a Estados Unidos. Por lo tanto, ni Patricia Bullrich ni Milei tienen nada que ver porque ni siquiera estaban en el gobierno en ese momento y no hay manera de atribuirle responsabilidad sobre estos hechos.
Ahora solo resta esperar que la orden tenga un efecto multiplicador en otros países y gobiernos y que esta medida complemente y refuerce los testimonios y las evidencias que se han señalado en otros lugares donde ha llegado el exilio venezolano para que la Corte Penal Internacional se pronuncie con una medida similar.
Si esto sucede, la pregunta es si se daría antes del cambio de mando en Venezuela el próximo 10 de enero, o los organismos esperarían que Maduro usurpe el poder del nuevo mandato que debe asumir Edmundo González Urrutia.
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